Panamá ha dado un paso necesario al aprobar su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el documento tiene una virtud que conviene reconocer: entiende que la inteligencia artificial no es solamente una herramienta tecnológica, sino una infraestructura de desarrollo que toca educación, datos, conectividad, energía, inversión, gobierno y competitividad.
La estrategia acierta también al identificar oportunidades razonables para el país. Panamá puede aprovechar su posición logística, su conectividad internacional, su plataforma de servicios y su capacidad para atraer inversión, la formación de talento, la modernización institucional y la aplicación de inteligencia artificial en sectores productivos pueden abrir espacios de crecimiento que hoy apenas comienzan a dibujarse.
Pero una estrategia pública no debe medirse por la amplitud de sus aspiraciones, sino por la precisión de sus compromisos, y allí aparece su principal debilidad, el documento enumera objetivos, instituciones, mecanismos y áreas prioritarias, pero deja abiertas preguntas esenciales sobre financiamiento, responsabilidades, plazos verificables y consecuencias frente al incumplimiento.
También resulta insuficiente el desarrollo de garantías concretas para las personas frente a decisiones automatizadas, se habla de ética, seguridad, gobernanza y protección de datos, pero todavía falta traducir esos principios en derechos exigibles, procedimientos claros y responsabilidades definidas.
El documento, por tanto, es un buen punto de partida, no un punto de llegada, su verdadero valor dependerá de lo que ocurra después: leyes, reglamentos, presupuesto, instituciones capaces y evaluación pública de resultados.
La inteligencia artificial exige visión; pero, sobre todo, exige ejecución.
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